El jueves, el primer ministro de Portugal, António Costa, anunció que su Gobierno dejaría de expedir nuevos visados de oro para "luchar contra la especulación de precios en el sector inmobiliario". En su día, Irlanda ya mencionó las advertencias de la UE sobre las implicaciones para la seguridad de este tipo de programas.
Los visados de oro han dado a los ricos permisos de residencia y acceso al espacio Schengen sin fronteras de la UE a cambio de inversiones. Los programas de Portugal e Irlanda se introdujeron hace 10 años para fomentar la recuperación de la crisis financiera y resultaron especialmente populares entre los ciudadanos chinos más adinerados.
La decisión de Portugal de poner fin al programa se debe a la preocupación por el repunte de los precios de las casas, que hace que muchos portugueses tengan dificultades para encontrar una vivienda adecuada, sobre todo en Lisboa y Oporto, las ciudades más grandes.
La medida forma parte de un paquete de iniciativas destinadas a combatir la crisis inmobiliaria, que es el problema más agobiante al que se enfrenta el Gobierno socialista de Costa.
En los últimos años, el precio de la vivienda se ha disparado debido a la compra por extranjeros de segundas residencias o apartamentos para alquilarlos a turistas a través de plataformas como Airbnb.
Los visados de oro, conocidos oficialmente como permisos de residencia para la inversión, se concedían a cambio de la compra de propiedades por valor de 500.000 euros o más. Los titulares obtienen el derecho a vivir en Portugal durante cinco años, tras los cuales pueden solicitar la residencia permanente, aunque la estancia mínima requerida en el país sea de unos pocos días al año. El programa supuso más de 6.000 millones de euros en inversiones.
Aunque Portugal no cancelará los visados de oro que ya existen, Costa explicó que solo podrán renovarse si la propiedad a la que están vinculados es la residencia permanente del titular o de un miembro de su familia o si se coloca en el mercado de alquiler.
Según los datos del Gobierno luso, desde el inicio del programa en 2012, el mayor número de visados se ha concedido a ciudadanos chinos, que han recibido más de 5.000. Más de 1.000 fueron para brasileños, mientras que Turquía, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos recibieron unos 500 cada uno.
Funcionarios públicos afirmaron que este programa era necesario cuando se introdujo y que, en líneas generales, había logrado sus objetivos, pero que ahora el país se enfrenta a otros problemas relacionados con la dificultad para acceder a una vivienda.
En 2020, el Gobierno de Costa anunció un plan para frenar el impacto de los visados dorados en los precios de la vivienda, dificultando a sus titulares la compra en Lisboa y Oporto, pero los ejecutivos del sector inmobiliario afirman que algunas personas encontraron alternativas para eludir las restricciones.
Algunos funcionarios reconocieron que el programa de visados no era el principal factor del aumento del precio de la vivienda, pero afirmaron que estaba creando dificultades para el Gobierno y que ponerle fin tenía una importancia simbólica. En los últimos años, la proliferación de apartamentos turísticos de alquiler corto y otros incentivos fiscales para residentes extranjeros han dominado el mercado inmobiliario.
Según una encuesta realizada a finales del año pasado por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y el Instituto Universitario de Lisboa, nueve de cada diez portugueses afirman que el país se enfrenta a una crisis inmobiliaria, que atribuyen a factores como la falta de inversión pública y privada y una regulación inadecuada.
El Gobierno también ha querido evitar poner en marcha más medidas que puedan enfriar el interés extranjero por Portugal, ya que el turismo y el boyante mercado inmobiliario son clave para su economía, y han llevado al país a crecer por encima de la media de la eurozona desde el peak de la pandemia.
El paquete portugués de medidas de vivienda anunciado ayer, que deberá aprobarse por el Parlamento, incluye medidas para añadir más propiedades al mercado privado de alquiler y construir más viviendas públicas, así como subvenciones a las familias y una simplificación de la concesión de licencias inmobiliarias.
Como medida para reforzar la seguridad, la UE pidió el año pasado a los Estados miembros que pusieran fin a los llamados "pasaportes de oro", que no sólo ofrecen la residencia sino también la ciudadanía.
